Salud mental pública en España y Catalunya: por qué la lista de espera no es lo peor
Cuando se habla del colapso de la salud mental pública, la imagen que suele venir a la cabeza es la lista de espera para la primera cita. Pero según coinciden colegios profesionales, verificadores de datos y reportajes especializados, el problema real empieza después: una vez dentro del sistema, la escasez de psicólogos clínicos obliga a espaciar las citas de seguimiento cada seis, ocho o incluso doce semanas, un ritmo que la propia profesión considera insuficiente para sostener una terapia real —y que empuja a apoyarse en exceso en la medicación como respuesta más rápida.
La causa de fondo es una cuestión de números: España cuenta con una media de apenas unos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en la red pública, frente a una referencia de en torno a 18 en la media europea, según recogen Somos Pacientes y The Conversation. Catalunya está algo mejor posicionada que la media estatal, pero sigue lejos del estándar europeo, como documenta Verificat.cat.
Detrás de esa escasez está el estrechísimo cuello de botella del examen PIR, la única vía para especializarse como psicólogo clínico dentro del sistema público: para la convocatoria de enero de 2026 se ofertaron solo 280 plazas para toda España, frente a varios miles de aspirantes, según confirma el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. La Generalitat ha intentado aliviar la presión desplegando en los CAP la figura del referent de benestar emocional i comunitari —ya con más de 340 profesionales en el territorio, según el propio colegio— pero esta figura no está habilitada para hacer terapia individual ni tratar patologías, por lo que el cuello de botella de los CSMA sigue intacto.
El resultado de esa falta de continuidad asistencial tiene un efecto de arrastre documentado por el propio Síndic de Greuges de Catalunya: pacientes que se descompensan por falta de seguimiento acaban con más frecuencia en las urgencias psiquiátricas hospitalarias, en un círculo que la propia institución ha señalado como motivo recurrente de queja formal.